:: Desde la ruta, entre Dos de Mayo y El Alcázar, se observan las desérticas extensiones, obra de máquinas y del fuego. Desde la aprobación de la Ley de Bosques está prohibido, por un año, realizar talas o desmontes

 El Alcázar y Dos de Mayo. Los conductores y viajeros que atraviesan la provincia por la ruta provincial 211 observan con extrañeza e impotencia cómo en las últimas semanas desapareció la selva misionera bajo la acción de poderosas maquinarias, cuando no del fuego.
Lo que hasta hace tres meses era un tramo compacto del Corredor Verde -uniendo el Valle del Cuñá Pirú con la biosfera Yabotí, porción nordeste del territorio misionero con los últimos restos de selva paranaense- que exhibía hermosas vistas de naturaleza pura, ahora cambió radicalmente. El atractivo trecho ponderado antes por turistas y provincianos hoy sólo exhibe cerros pelados y laderas descubiertas. Cada tanto “islas” o cortinas vegetales pretenden ocultar desde el asfalto las desérticas extensiones en que se transformó el admirado vergel. El mismo procedimiento, sutiles hileras de arbustos, alguno que otro pindó y capueras bajas acompañan algunos cursos de agua.
En la reciente sequía, no se respetó el alto al fuego y se quemaron muchas hectáreas. Tributarios de los principales arroyos de la cuenca del Paraná se secaron por su exposición directa al sol. Así pasó con importantes vertientes cuyos caudales alimentaban el arroyo 3 de Mayo, el Garuhapé y Paraná-í, entre otros.
El desmonte no respetó las inclinaciones determinadas por ley para proteger la flora y el medio ambiente. A fines de noviembre del año pasado la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley de Bosques, más conocida como Ley Bonasso, que busca evitar la tala indiscriminada de bosques nativos.
Sin embargo, hasta que la misma entre en plena vigencia la Provincia tiene que cumplir una serie de requisitos. “Misiones aún no adhirió a la Ley de Bosques pero hay un proyecto en la Legislatura para marcar las pautas del ordenamiento territorial, otro de los requisitos exigidos para poner en práctica la ley Bonasso en la provincia”, precisó en la edición de ayer Jorge Varela, director general de Prensa de Gobierno, al explicar el traspaso de la Subsecretaría de Bosques del Ministerio de Ecología al Ministerio del Agro.
Por su parte, el diputado del PJ, Miguel López, señaló que no se necesita ninguna adhesión a la Ley Bonasso y que la misma está en vigencia desde su sanción.

Colinas y valles desnudos
Transitando por la ruta provincial 211 a 17 kilómetros de Dos de Mayo se comienzan a divisar hacia el sur colinas y valles literalmente desnudados. El asfalto está trazado sobre la cresta de sierras que permiten vistas profundas hacia todos los puntos cardinales. El desastre se prolonga a lo largo de 15 kilómetros hasta inmediaciones del paraje Urrutia. Otros tantos -o quizás más- en profundidad tanto al sur como al norte, incluyendo el acceso al relleno sanitario Aguas Blancas.
Semejante atropello trajo consecuencias de todo tipo. Ismael Huber, colono de Dos de Mayo, lamentó “que en los últimos tres meses aparecieron aplastados todo tipo de animalitos silvestres, desde oso hormiguero, lobos, acutíes. Les quemaron la casa y nadie previó nada para ellos”.
El gigantesco desbosque perjudicó principalmente tierras situadas en el municipio de El Alcázar.
Según un empleado de la Municipalidad de Dos de Mayo el viejo trazado de la ruta 211 dividía las tierras de Papel Misionero de las de San Francisco de la Campiña. Pero el nuevo trazado ahora atraviesa ambas propiedades.

Latifundistas inclementes
El Alcázar tomó vuelo nacional por los cortes de ruta que realizaban sus pobladores en protesta contra el relleno sanitario.
Aunque las cosas siguen como antes, la conciencia conservacionista subyace en muchas familias del lugar. Una conocida protagonista activa de aquellos movimientos señaló que “los misioneros somos tan pasivos que dejamos hacer con nuestros recursos naturales todo tipo de atropellos. Por más propiedad privada que sean, hay leyes y criterios éticos que merecen alguna consideración”.
Dos importantes empresas con grandes extensiones de tierra son las responsables de los trabajos. Una de ellas contaría con cuatro mil hectáreas hace 30 años y la segunda -firma de capitales europeos- es propietaria de otras dos mil hectáreas.

Temor
Con la Ley de Bosques, todo desmonte que se realice requiere autorización de las autoridades jurisdiccionales y un estudio de impacto ambiental. Por tal motivo, integrantes de grupos ecologistas sostienen que a la tala ocurrida sobre la ruta 211 se sumarán varias más a lo largo y ancho de la provincia.
Por su parte, el diputado Miguel López explicó que desde la aprobación de la Ley de Bosques rige una moratoria, un plazo de un año, durante el cual no se pueden realizar talas rasas ni desmontes. Y consideró que “lo que pudo ocurrir en la ruta 211 es que tenían autorizaciones previas a la sanción de la ley”.
Además, el legislador aclaró que para que la Provincia pueda acogerse a los beneficios de la Ley Bonasso debe aprobarse por ley el ordenamiento territorial de bosques nativos.