Aseguran que “a pesar de la prohibición” siguen habiendo desmontes clandestinos en la provincia
El titular de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia dijo que “se han registrado desmontes clandestinos”, aunque aclaró que se trata de “denuncias sobre superficies menores”, salvo un caso puntual en el departamento. Conrado González, titular de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia comentó que para detectarlos se realizan “controles permanentes” y a la vez, se cuenta con la “colaboración de la gente que avisa”.

González reiteró la necesidad de que se reglamente la ley nacional sobre bosques nativos, ya que entre otros puntos explicaría “cómo deben aplicarse las sanciones” Según añadió “al no estar reglamentada la ley, si desde la provincia sanciono, puedo cometer un abuso”.

A pesar de que la normativa nacional sobre bosques nativos sancionada en diciembre pasado, establece la prohibición de los desmontes por un año, hasta tanto cada provincia realice su ordenamiento territorial, en Entre Ríos “se han registrado desmontes clandestinos”, aseveró González.

Informó que se trata de denuncias “en su mayoría de poca superficie, salvo la del departamento La Paz, que se registró sobre un terreno mayor y sin autorización”, aclaró.

Además señaló que para evitar los desmontes, se realizan “recorridos permantentes” sumado a la “colaboración de la gente que avisa”, agregó. No obstante, comentó que “la provincia es grande” y que hay casos en los que el desmonte se da “100 kilómetros para adentro de la ruta y a eso la gente no lo ve”, manifestó.

Respecto a las sanciones para quienes infringen la ley, González explicó que “en realidad tendríamos que aplicar la ley nacional porque establece presupuestos mínimos como tope, pero al no estar reglamentado se aplica la provincial”, la cual posee penalidades “más fuertes”, sostuvo.

La normativa nacional “establece multas en relación a presupuestos mínimos, pero no dice si es por hectárea, por infracción o reincidencia”, es decir que “no está discriminada” y se da de manera “muy global”, expresó.

“Al no estar reglamentada y discriminadas las sanciones, si desde la provincia las aplico, puedo cometer un abuso, porque no lo justifiqué bien”, remarcó el funcionario (APF).  

DiaUnoDigital

Sábado, 10 de Mayo de 2008 – www.diarionorte.com El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) llevó adelante ayer una reunión regional con funcionarios de las provincias del NEA para avanzar en el tratamiento de la reglamentación de la Ley de Bosques, como así también en la estrategia nacional de gestión de residuos sólidos urbanos y discutir sobre la normativa de educación ambiental que cuenta con media sanción del Congreso. 
Del encuentro tomaron parte funcionarios de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Misiones, quienes expusieron las problemáticas que afrontan cada uno en materia ambiental y especialmente en lo que hace a los desmontes, flagelo que azota principalmente a las provincias del NEA, que están ampliando lo que se denomina la frontera agrícola. Todos coincidieron que a pesar de las altas multas que se aplican sigue habiendo desmonte clandestino y que no se pudo poner freno.

Los problemas de cada provincia

El subsecretario de Recursos Naturales chaqueño, Omar Bejarano, fue el encargado de explicar en que situación está la provincia en torno a la reglamentación de la Ley de Bosques que tiene como plazo tope, el 28 de noviembre para que estén las distintas zonificaciones concluidas.

Bejarano expresó el pedido al Cofema para que sea el nexo en la conformación de mesas regionales que permitan intercambiar experiencias, al tiempo de también ser puntal del reclamo a la Nación para que firme los convenios para la asistencia técnica a cada una de las provincias. También hizo visible la necesidad de que las provincias vecinas se interconecten, algo que hasta el momento no sucede en lo que hace a todo lo que hace al medio ambiente.

Más allá de los reclamos el funcionario explicó a sus pares del Nea y litoral argentino, en lo que hace a la zonificación que establece la Ley de Bosques que “se debe tener un marcado equilibrio, porque debemos conservar la actividad forestal”, detallando que la misma tiene una fortaleza enorme en la provincia aportando 600 millones de pesos anuales. Asimismo dejó claro que las obras de infraestructura hicieron apetecible distintas zonas para la producción agropecuaria. “Todos estos temas tenemos que debatir fuertemente, por eso habilitamos comisiones de trabajo sobre los indicadores que marca la ley”.

Los distintos funcionarios señalaron que hay cuestiones del articulado que no están claras y que con el correr de los meses, el análisis y la aplicación irían tomando forma, no obstante consideran necesario este tipo de encuentros para ir afinando la aplicación de acuerdo a las experiencias. En este contexto el funcionario santafesino Ricardo Biasatti indicó que ellos comenzaron a abrir la interacción con todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para avanzar de manera consensuada en cada aspecto.
El subsecretario de Recursos Naturales de Formosa Horacio Zambón, reclamó cambios en lo que hace al ordenamiento teórico, marcando falencias en cuanto a las escalas de trabajo, entre otros aspectos.
Desde Entre Ríos marcaron como inconveniente principal que el ministerio de la Producción es quien tiene bajo su cargo todo lo que sea medio ambiente, considerando que esto produce trabas a la hora de tener que tomar decisiones.

Más allá de los distintos inconvenientes que se presentan, la idea es reclamar en conjunto a la Nación para que los equipos técnicos lleven asistencia a cada provincia en lo que hace a orientación.

http://www.eldiariodeparana.com.ar/textocomp.asp?id=143906

Greenpeace y organizaciones ecologistas del Litoral señalaron al gobierno provincial como responsable de las quemas de humedales y reclamaron medidas para detener el avance de la ganadería en el Delta del Paraná.

Las organizaciones Greenpeace, Taller Ecologista de Rosario, Fundación Proteger de Santa Fe y M’Biguá de Entre Ríos denunciaron este martes a la provincia de Entre Ríos como responsable de los incendios en los humedales del Delta del Paraná, al promover la expansión de la actividad ganadera hacia los humedales del Delta del Paraná.

Las ONG’s declararon esta tarde que ante la magnitud y duración de la catástrofe que ha costado vidas humanas y la pérdida total de ecosistemas a causa de los incendios que todavía hoy arrasan los humedales del Delta, es necesario señalar la incapacidad de previsión de la Secretaría de Producción entrerriana que promovió la Ley de Arrendamientos en 2004, y la de los legisladores de esa Provincia que la aprobaron.

“La quema de pasturas en los humedales del Delta del Paraná, tiene como objetivo expandir la actividad ganadera antes desarrollada en otras regiones”, explicó María Eugenia Testa, responsable de Campaña de Biocombustibles de Greenpeace y agregó: “la presión por lograr nuevas tierras para uso ganadero es otra de las facetas del modelo agropecuario de los últimos tiempos en Argentina, que se caracteriza por la expansión de la agricultura, monopolizada por la soja, a expensas de los últimos ecosistemas nativos”.

Los humedales del Delta pertenecen al corredor más importante del mundo, que se extiende desde el Pantanal de Mato Grosso en Brasil hasta el Río de la Plata (2). El Delta del Paraná alberga unas 700 especies vegetales, 543 especies de vertebrados y su gran riqueza en aves, con 260 especies, representa el 31 por ciento de la avifauna de la Argentina.

La destrucción del hábitat y el aumento de la presión sobre los recursos naturales se han revelado como factores principales de la disminución y desaparición de especies.

“Desde que comenzó a construirse la Conexión vial Rosario-Victoria, las organizaciones de Santa Fe y Entre Ríos advertimos sobre la necesidad de crear un área de protección para la zona”, dijo Jorge Cappato de Fundación Proteger “ya que se podía presumir que iba a sufrir una mayor presión por su fácil acceso. Tres años después de su inauguración, se cuadruplicaron las cabezas de ganado lo que provocó una sobrecarga ambiental para el ecosistema”.

“Hemos advertido reiteradamente las consecuencias que tendría la Ley de Arrendamientos que aprobó Entre Ríos”, recordó Elba Stancich, del Taller Ecologista de Rosario, “ya que constituía claramente la llave para legalizar la expansión de la actividad ganadera en la zona de islas”.

A casi cuatro décadas de celebrarse por primera vez el Día de la Tierra (1), este 22 de abril, las organizaciones expresaron su indignación por la desidia de quienes tienen la obligación de velar por la protección del medioambiente “desde los organismos del Estado nacional, que han promovido durante los últimos años este modelo agropecuario hasta el sector privado, que ha estado actuando con irresponsabilidad y sin límite alguno en busca de aumentar sus ganancias”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace y advirtió: “no debemos pasar por alto que este descontrol ha sido activamente favorecido por las políticas promovidas por el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.

Las organizaciones presentaron en forma conjunta a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y al Secretario de Ambiente de la Provincia, Fernando Raffo, un conjunto de medidas tendientes a garantizar la preservación de los humedales del Delta paranaense y los humedales del litoral fluvial en su totalidad.

Entre las demandas, se destacan la aplicación de los criterios de sustentabilidad ambiental que establece la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos; la reformulación del proceso de arrendamiento de las islas públicas iniciado por la provincia de Entre Ríos y la recategorización como provincial a la zona de humedales, actualmente declarada área natural protegida por ordenanza de la Municipalidad de Victoria.

• Descargá el documento presentado por las ONG’s “Los incendios en las islas del paraná son otra consecuencia de la expansión de la soja” haciendo click acá.

— Greenpeace Argentina

(1) El Día de la Tierra, fue celebrado internacionalmente por primera vez hace 38 años, el 22 de abril de 1970, (equinoccio de primavera en el hemisferio norte) para subrayar la necesidad de conservar los recursos naturales del mundo. Más de 20 millones de personas respondieron a la primera convocatoria, estableciendo en sus comunidades, universidades y colegios, una plataforma de difusión y discusión sobre el medio ambiente y sus principales problemas.

(2) Resolución 2.85 del II Congreso Mundial de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), Amman 2000.

“No se puede suspender lo que está prohibido”, sostuvieron dos organizaciones ambientalistas de Rosario y Paraná al recordar que la ley de arrendamiento entrerriana que promueve la ganadería en las islas prohíbe “taxativamente el desmonte, tala o quema de pastizales y todo tipo de forestación”. En este sentido, reclamaron un ordenamiento territorial para el humedal que priorice la sustentabilidad del ambiente y que se controle el cumplimiento de la ley.

Elba Stancich, del Taller Ecologista Rosario, recordó un documento de la entidad en el que denunciaba, en 2006, los daños que podía causar la quema de pastos en las islas. “Lo único nuevo es que ahora se están demostrando”, sostuvo la ambientalista. Pero más allá de estos daños que se producen en el propio humedal, Stancich también destacó el impacto indirecto de las decisiones o prácticas que no toman en cuenta la sustentabilidad del ambiente.

“En esta materia, los riesgos no tienen límite de espacio y tiempo: una decisión adoptada en 2006 por el Estado entrerriano, al permitir un uso en zona de islas sin el debido control, puede causar consecuencias irremediables mucho tiempo después y en otras zonas ajenas”, sostuvo en alusión a los trágicos accidentes en la autopista Rosario-Buenos Aires, donde más allá de los daños materiales y ambientales está “la pérdida de vidas humanas”.

“Las decisiones sobre qué tipo de gestión se va a adoptar para un ecosistema determinado impactan en múltiples aspectos de nuestra vida en sociedad. La mayor responsabilidad de un gobierno democrático es administrar estos riesgos para evitar las daños irrecuperables”, agregó Stancich.

El Taller Ecologista, junto con su colega paranaense M’Biguá propusieron algunas medidas para revertir esta situación. En primer lugar, “reformular el proceso de arrendamiento de las islas” entrerrianas teniendo en cuenta el ordenamiento y la evaluación del impacto ambiental. También sugieren “recategorizar como provincial a la zona de humedales actualmente declarada como área natural protegida por ordenanza de la Municipalidad de Victoria”, para que se pueda incorporar el ecosistema al mecanismo de protección del Estado nacional, que se encuentra “mejor capacitado”.

Otra propuesta es aplicar los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en la ley de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos, que destaca la importancia de la conservación de los ecosistemas naturales en sitios de humedales.

EL DESASTRE DE LOS INCENDIOS EN LAS
ISLAS: “LA CULPA NO ES DEL VIENTO”

Santa Fe, 17 abril 2008 (prensa Proteger).- “Si bien la quema de pastizales se ha usado como parte de las prácticas agropecuarias, a la luz del conocimiento actual sobre conservación del suelo, protección de la biodiversidad y mitigación del cambio climático, no hay duda de que se trata de una práctica perimida e irresponsable. Esperamos que la Justicia tome medidas ejemplarizadoras, mientras el Estado en su conjunto avanza en la planificación, ordenamiento y control de las actividades productivas”, advirtió hoy el director general de la Fundación Proteger, Jorge Cappato.

Como se sabe, esta mañana la ciudad de Buenos Aires amaneció cubierta por una espesa nube de humo que causó un aluvión de casos agudos respiratorios. Las quemas en el delta del Paraná no ceden y los inconvenientes con el correr de los días aumentan. El Gobierno dispuso el cierre de las rutas 9, 12 y 14 por la falta de visibilidad, mientras se suspendían aterrizajes en Aeroparque. Oficialmente se reconocían 292 focos de incendio de pastizales en el Delta.

“Con los incendios intencionales, masivos y sistemáticos en las islas del Paraná, un ecosistema vulnerable y de alto valor para la biodiversidad y para otras actividades económicas de gran importancia, estamos asistiendo a un desatino de grandes proporciones”, subrayó Cappato, quien también es el coordinador nacional del Comité Argentino de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Monocultivos e impactos

“Los humedales del Paraná se utilizaban hasta hace pocos años en épocas de sequía, trasladando allí el ganado para que siga alimentándose con el ‘forraje de islas’, pero en los bordes de las mismas. Ahora hay un impresionante cambio de escala -más de un millón de vacas sólo en el Delta. Debido a la expansión agrícola, específicamente por el boom de la soja, los grandes monocultivos han desplazado a la agricultura familiar, a los tambos y empujado a otras áreas, como las islas fluviales, a la producción ganadera”, explicó Cappato.

“Si uno viaja hoy entre Santa Fe y Buenos Aires, lo único que se ve es un mar de soja. Ante la pregunta ‘¿donde está el ganado?’, la respuesta es muy simple: las vacas están en las islas, ya no sólo en la periferia, sino en toda la parte alta de las islas”, indicó.

“En este caso también, como en el caso de los desmontes para soja, lo más barato para un productor irresponsable es prender fuego y hacer uso de quemas sistemáticas, sin importar las consecuencias”.

“De este modo, la materia orgánica destinada a conservar el suelo, al quemarse se transforma en dióxido de carbono y se inyecta a la atmósfera, siendo este gas uno de los principales gases de efecto invernadero. Es un desastre por donde se lo mire. Si las generaciones futuras tuvieran voz estarían diciendo que esto es de una atrocidad, un egoísmo o una ignorancia sin límites”, apuntó.

“El humo y los problemas de salud derivados de la contaminación del aire, son otras de las consecuencias largamente denunciadas por organizaciones como el Taller Ecologista de Rosario desde 2004, cuando en la temporada seca el humo de los incendios intencionales en las islas entrerrianas, empujados por el viento del este hizo sentir sus efectos en la ciudad”, recordó Cappato.

Ahora Buenos Aires

“Ahora lo que vemos es lo mismo, pero esta vez sobre Buenos Aires y con un cambio de escala de características espectaculares, sólo si consideramos que se han detectado unos 300 incendios intencionales en los últimos días en las islas cercanas”.

“Es inconcebible escuchar que la culpa de lo que vivimos es del viento, o que el problema es que las quemas ‘escaparon de control’. La causa real es la magnitud de los cambios, la falta de planes de manejo agropecuario sustentable y la carencia de una mayor capacitación y concienciación de los productores”.

“Yendo un poco más allá, hay una necesidad imperiosa de que la Justicia, el conjunto de los poderes del Estado puedan reacomodarse rápidamente a estas nuevas situaciones y desafíos, a estos gigantescos cambios de escala y avanzar -como en el caso de la Ley de Bosques-, hacia un ordenamiento territorial ambiental aplicable a las actividades agropecuarias”, reclamó Cappato.

“No se trata de un discurso contra la ganadería, pero tampoco es posible que los ciudadanos y el Estado sigamos pagando los costos de los impactos económicos, sanitarios, sociales y ambientales de actividades productivas que necesitan -insistimos- de un urgente ordenamiento y control”, destacó.

Las cuentas completas

“Además de las pérdidas de vidas humanas y haciendo un balance estrictamente económico, nuevamente es necesario hacer ‘las cuentas completas’ de los costos que se están transfiriendo a la sociedad y a otras actividades económicas: sólo hablando de transportes de cargas detenidos, pérdida de horas laborales, trastornos en la actividad industrial, movilización de fondos y equipos del Estado para atender a la emergencia y gastos hospitalarios. La degradación de los humedales, la pérdida de biodiversidad y la erosión de un patrimonio natural que tiene un enorme potencial para el desarrollo de actividades como el turismo, por sólo citar una de ellas, son otros tantos costos a incluir en el balance”, indicó.

“Tampoco es posible olvidar que las islas y humedales del Paraná cumplen funcionen absolutamente irreemplazables como mitigar las inundaciones y sequías, regular el clima, purificar el agua, recargar los acuíferos y alimentar los ciclos de reproducción y desarrollos de la pesquería fluvial más importante del país, entre otras”, dijo finalmente.

¿Quién responde por los riesgos ambientales?

“En el caso de Entre Ríos, el mismo gobierno contribuyó a la modificación del uso de nuestros humedales a través de la promoción del Régimen de Arrendamientos de Islas Fiscales”, señaló Diego Rodríguez, especializado en derecho ambiental de M´Bigua. El principal cuestionamiento de las organizaciones ciudadanas es que esta Ley se sancionó sin realizar un estudio con respecto a sus posibles impactos, y de esta manera se perdió una gran oportunidad tomar medidas que apuntaran a la conservación de estos humedales.

Alejandra Martínez, Prensa Taller Ecologista, Cel. 0341 156969635

1) Reformular el proceso de arrendamiento de las islas públicas iniciado por la provincia de Entre Ríos.