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Del tiempo y los bosques

 

La Ley que pretende proteger nuestras devastadas forestas nativas fue sancionada

en 2007 y seguimos sin un decreto reglamentario.

 

Por Miguel Bonasso.

 

No hace falta ser Albert Einstein para saber que tiempo y espacio están

íntimamente relacionados y para concluir que la pérdida de tiempo puede producir

efectos deletéreos en el espacio. A veces, irreversibles.

 

Un ejemplo concreto del daño que el tiempo le inflige al espacio me obliga a

regresar sobre un tema que he tratado varias veces en estas páginas: la Ley de

Bosques, que pretende proteger nuestras devastadas forestas nativas.

 

Esta ley –la 26.331– fue sancionada por el Congreso el 28 de noviembre de 2007,

promulgada por el Poder Ejecutivo nacional (PEN) el 19 de diciembre del mismo

año y publicada siete días más tarde en el Boletín Oficial. El artículo 42 de la

Ley de Bosques establece que el Poder Ejecutivo tiene un plazo de noventa (90)

días para reglamentarla. Han transcurrido ocho meses (221 días) y seguimos sin

un decreto reglamentario del PEN.

 

La demora en el tiempo tiene consecuencias en el espacio: hay desmontes ilegales

en varias provincias y en algunos casos las autoridades locales no pueden o no

quieren sancionarlas argumentando que se carece de una reglamentación. Hay un

ejemplo concreto en la provincia de Entre Ríos: el señor Conrado González,

director provincial de Recursos Naturales, declaró a fines de julio que, “al no

estar reglamentada la ley, si desde la provincia sanciono, puedo cometer un

abuso”.

 

La norma, como se recordará, prohíbe que se autoricen nuevos desmontes hasta que

las provincias produzcan un “ordenamiento territorial”. Es decir, la

delimitación clara de aquellos montes que no pueden ser talados en ningún caso y

de aquellos otros que admiten talas parciales, previa realización de audiencias

públicas con los habitantes afectados y los correspondientes estudios de impacto

ambiental a cargo de entidades serias y ajenas a los intereses en juego.

 

Vamos a los números que relacionan tiempo y espacio. Según una estadística que

dio a conocer Greenpeace, durante el año 2006 en la Argentina las topadoras

sojeras o madereras arrasaron unas 250 mil hectáreas de bosques nativos,

principalmente en el área del Chaco seco, donde el 70% de las forestas

originarias fue eliminado por la expansión agrícola.

 

La cifra actual de deforestación en el ámbito nacional es aún desconocida, pero

suponemos que debe ser mayor, ya que solamente en la provincia de Salta, durante

el año 2007, mientras el Congreso discutía la Ley de Bosques, el entonces

gobernador Juan Carlos Romero, adalid del voto senatorial contra la resolución

125, autorizó el desmonte de 478 mil hectáreas.

 

Aun basándonos en las estadísticas de 2006, durante 221 días (los de la demora

en la reglamentación de la ley) se habrían talado aproximadamente 160 mil

hectáreas de bosques nativos, el equivalente a unas 212 mil canchas de fútbol.

 

Es difícil calcular el perjuicio real producido por la mora en la

reglamentación, pero no es aventurado suponer que ese retraso tiene que ver con

observaciones y cuestionamientos de algunas provincias en el Consejo Federal del

Medio Ambiente (Cofema). Es probable que quienes se opusieron enérgicamente a la

ley mientras la discutían ambas cámaras hayan entorpecido ahora su

reglamentación.

 

¿Cómo se explicaría de otro modo que el Gobierno, acerbo crítico de la

“sojización” durante la “guerra gaucha”, demore ocho meses en reglamentar una

ley que pretende frenar la expansión descontrolada del cultivo? En cualquier

caso, la lentitud del procedimiento no es congruente con las reiteradas

declaraciones de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la

Nación, Romina Picolotti –recientemente confirmada en su cargo– en las que

expresó una inequívoca voluntad política de frenar las topadoras.

 

Aunque la 26.331 es bastante específica y su publicación en el Boletín Oficial

obliga a su cumplimiento, la carencia del decreto reglamentario favorece el

cínico principio que reza “hecha la ley, hecha la trampa”. Según fuentes

ambientalistas, “aunque la moratoria a la entrega de nuevos permisos para nuevos

desmontes está en vigencia en todo el país, se dan problemas por desmontes

ilegales, sobre todo en Chaco, Santiago del Estero y Entre Ríos”.

 

Las provincias que más habrían avanzado en el ordenamiento territorial –de

acuerdo con estas fuentes– Jujuy, Santiago del Estero, Salta y las de la

Patagonia. El resto está esperando la reglamentación. Sin embargo, cabría

agregar que incluso en algunas de las que más avanzaron, como Santiago del

Estero y Salta, se han producido desmontes ilegales o situaciones irregulares

como las denunciadas en esta misma columna respecto de lo ocurrido en algunas

localidades salteñas (“Con la soja al cuello”, publicada el primero de junio de

este año), donde se autorizaron desmontes poco antes de la sanción de la ley sin

cumplir con algunos requisitos legales, como la presencia de pueblos originarios

en las audiencias públicas.

 

Lo paradójico es que la ley también ha sido violada por el propio Poder

Ejecutivo que la promulgó, al incumplir el artículo 42 que ordenaba

reglamentarla en un plazo de noventa días. El incumplimiento se agrava por una

situación sobradamente conocida: la Cámara de Diputados demoró meses en

tratarla, la aprobó en general el 28 de noviembre del 2006, recién la discutió

en particular y le otorgó media sanción el 14 de marzo de 2007 y pasó al Senado,

que la sancionó (con modificaciones) el 21 de noviembre de 2007. Una larga

parábola que facilitó una deforestación sin precedentes en el orden nacional.

 

Según pudimos establecer, el decreto reglamentario ya fue girado por la

Secretaría de Ambiente a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, la

cual lo habría girado en consulta al Ministerio de Economía.

 

Oficiosamente se dice que está por salir.

 

Como apuesto a lo “oficial” y no a lo “oficioso”, el jueves pasado presenté en

la Cámara de Diputados un proyecto de resolución dirigido al Poder Ejecutivo por

el cual le pido se sirva informar “cuáles son las razones por las que no se ha

reglamentado la ley nacional 26.331”, los motivos por los cuales no se cumplió

con el artículo 42 de dicha ley y para que explicite cuál o cuáles fueron los

organismos o dependencias que generaron este retraso en la reglamentación

 

 

 

 

 

11 y 12 de junio de 2008

DEFENDEMOS NUESTROS TERRITORIOS PARA DEFENDER LA VIDA

 

 

 

Por la distribución de la Tierra y la Riqueza

En el momento de la pulseada entre el gobierno y los grupos que han concentrado poder económico como nunca en los últimos años, los Pueblos Originarios, principales afectados por esta situación decimos:

• Los agronegocios son responsable de la devastación de nuestros suelos, la deforestación, la contaminación de ríos y acuíferos, la desaparición de la biodiversidad y la eliminación de la agricultura familiar que antes alimentaba a nuestros pueblos.

• La expansión del monocultivo de soja, atenta principalmente contra la soberanía territorial, la soberanía alimentaria y la soberanía cultural

• El modelo de la soja excluye, empobrece y enferma a nuestros Pueblos y comunidades.

Los Pueblos Indígenas nos pronunciamos en contra de los terratenientes, del lockout empresario del agro, del control de las corporaciones trasnacionales del comercio y la biotecnología sobre el sistema agroalimentario y a favor de las Políticas que como las retenciones frenen el modelo agrario basado en la soja transgénica y la especulación de los que más tienen en detrimento de nuestras vidas, de la tierra, de los bosques, de nuestra supervivencia como Pueblos.

Hoy los Pueblos Originarios somos culturas amenazadas. Nuestros territorios están bajo amenaza de muerte y por eso venimos a hacer pública nuestra posición política:

· Nuestros mayores nos enseñaron a leer la niebla, el frío y el calor, los temblores de la tierra y los eclipses. Nos enseñaron a interpretar el sonido de los ríos y dialogar con el viento, a conversar con el monte, con la lluvia, y con cada ser vivo que vive en nuestros territorios.

· Producto de ese conocimiento ancestral, nuestros territorios y nuestros calendarios están llenos de lugares sagrados, en los cuales nos comunicamos con las fuerzas naturales de nuestro entorno y le rendimos respeto. Practicamos allí nuestras danzas y artes que simbolizan la veneración y respeto por el agua, la tierra, nuestras semillas, y nuestros montes y bosques.

· Allí prometemos y nos comprometemos, a no desintegrar nuestras familias y comunidades, y mantener nuestra palabra como la verdadera ley que se debe cumplir. Mantener en pie nuestras organizaciones e instituciones indigenas, porque sabemos que el día que mueran, morirán nuestras relaciones, nuestros saberes, nuestros recursos.

Para que esto no ocurra necesitamos asegurar elementos básicos para nuestra vigencia y proyección:

• Reconocimiento como PUEBLO: nuestra realidad jurídica como Pueblo Preexistente, exige que el modelo de Estado uniformante, que se declara monocultural, modifique su naturaleza, para avanzar hacia un modelo de Estado Plurinacional, donde la tremenda riqueza y diversidad cultural, se convierta en la base de un nuevo Estado organizado para la convivencia y no para la discriminación y la represión cultural. Los PUEBLOS somos el sujeto político y jurídico, mas allá de las COMUNIDADES. Nadie niega que las comunidades, sus tierras y recursos, son el núcleo básico desde donde proyectamos nuestra identidad y derechos. Pero, el Estado ha desnaturalizado nuestra condición de Pueblo, porque ha roto el sistema de manejo territorial en cientos de partículas. Hoy tenemos la posibilidad de reconstruir esto con la puesta en marcha del Registro de Pueblos, donde el estado registra, NO ES QUE RECONOCE, REGISTRA nuestro status de PUEBLO.

• Reconocimiento de nuestros TERRITORIOS: ningún Pueblo puede desarrollarse, ni proyectarse si no es desde la base que le da origen, sustento, cosmovisión, que es el espacio físico: Pachamama ó Wajmapu: TERRITORIO. Eso incluye el control y administración de sus Recursos Naturales. El valor cultural representado en el TERRITORIO, difiere del valor mercantilista, productivo o comercial atribuido por el mundo occidental a la propiedad privada. El Territorio para los Pueblos Originarios es integral. No es posible reconocer el Territorio y desconocer sus componentes. En nuestro territorio, en nuestros montes, bosques ó quebradas, encontramos los Pueblos Originarios, nuestra farmacia, mercado, universidad, fabrica, nuestros materiales para la vivienda, el alimento para el sustento diario, la base para nuestro desarrollo.

Un BICENTENARIO para replantearnos un nuevo Estado Plurinacional

A pocos meses de “celebrar” 200 años de vida como Estado Argentino, nos encontramos en una oportunidad única para analizar si este modelo de Estado ha generado condiciones para una convivencia y condiciones de respeto, justicia y equidad ó es un instrumento para la discriminación, la injusticia y la desigualdad.

Es también la oportunidad histórica para construir un nuevo estado que responda a nuevos valores de justicia con verdadera participación plural, donde la diversidad sea un fundamento para la convivencia y no la causa de las peores injusticias … Nosotros, Pueblos Originarios, creemos que no es posible seguir sosteniendo estructuras del colonialismo racista que nos exige a todos ser iguales y uniformes, siguiendo un modelo occidental que nos impone idioma, religión, sistema político, educación, conceptos de derecho y justicia, que nada tienen que ver con nuestra historia e identidad.

Por eso, proponemos trabajar fuertemente para que los 200 años, nos encuentre revisando y planificando un Estado del cual no seamos excluidos, sino que seamos parte activa. Para ello, nuestra existencia cultural debe ocupar el lugar que siempre le ha correspondido y para ellos demandamos reestablecer:

-Nuestra educación, nuestros idiomas con el reconocimiento oficial, de nuestros sistemas educativos propios como base para programas interculturales.

-Nuestra propia cosmovisión reconociendo nuestras prácticas y saberes

-Sistemas jurídicos con jurisdicción especial indígena que responda a nuestras instituciones políticas y a nuestro derecho consuetudinario.

- Un modelo económico y de desarrollo basado en nuestro derecho a definir las estrategias de desarrollo en nuestros territorios, como alternativa a un sistema neoliberal que destruye todo a su paso, buscando la ganancia rápida y fácil.

Para que se cumplan la Ley de Bosques y la Ley de Emergencia de Tierras, demandamos:

-Aplicación de los derechos de consulta y participación para lograr el libre consentimiento fundamentado previo, en el ordenamiento territorial de Bosques, y el Relevamiento técnico jurídico catastral de la Ley de Tierras.

-Implementación de Programas de Fortalecimiento y Capacitación Intercultural que fomente la convivencia del conocimiento tradicional y el conocimiento científico, erradicando la relación racista de conocimiento superior a conocimiento superior.

-Somos titulares de derecho, con titulo ó sin ello, y desde ese criterio se debe aplicar el Fondo de Compensación de la Ley de Bosques, en nuestros territorios. Que dichos fondos sirvan para Fortalecer la administración, manejo y control de nuestros territorios, regulada por nuestras instituciones originarias.

La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas debe convertirse en Ley Nacional y nos comprometemos y comprometemos a los Senadores y Diputados en ese objetivo.

Saludamos desde aquí la lucha valerosa que llevan adelante los Pueblos Originarios de Bolivia y Ecuador por la refundación de esos dos Estados racistas y por el objetivo de constituirse en ESTADOS PLURACIONALES, para la verdadera convivencia.

JALLALLA PUEBLOS ANDINOS! …. KAUSACHUM!…MARICIWEU!!!

Decimos NO a la patria sojera. SÍ a la distribución de la tierra y la riqueza y trabajamos para un Bicentenario que genere un nuevo estado PLURINACIONAL!!!

Bs As, 12 de Junio de 2008

 

www.nuevodiariodesalta.com.ar

 

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Pedro

Sandez, parece querer sortear los límites que dispone la ley de bosques nativos

llamando “desbajerado” lo que los técnicos denominan desmonte selectivo.

 

  El cambio de término incluiría un cambio de procedimiento de las

autorizaciones que, a entender del legislador, ya no serían de desmontes y por

lo tanto no tendrían que ser validados por Medio Ambiente, sino por el

Ministerio de Desarrollo Económico, además de no estar enmarcados en la ley de

bosques.

 

De aprobarse, la ley “sería totalmente inconstitucional”, dado que para la ley

de bosques esta práctica “es desmonte”, afirmó el referente de Greenpeace,

Hernán Giardini, tras enterarse del proyecto en cuestión.

 

El martes en la sesión de diputados, los legisladores habrían previsto las

complicaciones que traería la aprobación del proyecto. Sandez, que dejó entrever

su enojo ante la actitud de sus compañeros, manifestó que volvía su proyecto a

comisión porque a su entender, había diputados que se encontraban presionados

por la ley de bosques.

 

El legislador aseveró que insistirá en la aprobación de la normativa dado que

con esto se incluiría una ley alternativa a la “ley Bonasso” -como se denomina a

la normativa en relación a su autor, el diputado nacional Miguel Bonasso-. Para

el legislador, de no contar con la alternativa que el plantea “todos vamos a

tener que pedir la autorización” en la Nación.

 

En una reunión que mantuvo la mañana del martes con la comisión de la Cámara

Baja, la actual secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli, fue clara

al establecer que el desbajerado “es un desmonte”, y por lo tanto, la suspensión

de estas autorizaciones está enmarcada en la ley de bosques.

El material gráfico puede bajarse en la siguiente dirección:

http://www.greenpeace.org/argentina/bosques/emergencia-forestal-resumen

El mismo describe la importancia de los bosques; las causas y consecuencias de la deforestación; su contribución al cambio climático; la emergencia forestal mundial y local en la que nos encontramos; la situación de la Selva Misionera, la Selva de Yungas, el Parque Chaqueño, el Espinal, El Monte y el Bosque Andino Patagónico.

Y plantea líneas de acción hacia un manejo responsable de los bosques nativos.

Integrantes de los equipos técnicos de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y del Ministerio de Ecología de Misiones elevarán ante el Consejo Federal del Medio Ambiente (Cofema) un documento que contiene las observaciones y sugerencias que la provincia -como autoridad de aplicación local- considera necesario incorporar y/o modificar de acuerdo a la situación particular de Misiones, en el borrador del Decreto Reglamentario de la Ley 26.331 de Bosques Nativos.
La presentación será en el marco de las actividades que el Cofema realizará hoy, en el encuentro que se llevará a cabo en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, del cual participan todas las provincias del país.
Los integrantes de la Comisión ad hoc de Bosque Nativo del Consejo Federal del Medio Ambiente realizará el análisis del Decreto Reglamentario de la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos; en la misma representarán al Gobierno de la Provincia de Misiones los equipos técnicos de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo.
“Con la sanción de la Ley 26.331 en diciembre de 2007 el país dio un paso importante a la vez que necesario para detener la degradación del patrimonio boscoso nativo, desde ese momento los organismos del Estado provincial trabajaron en el análisis de la mencionada ley y en el Proyecto Decreto Reglamentario de la misma para la elaboración de un documento que contiene las observaciones y sugerencias que la provincia como autoridad de aplicación local considera necesario incorporar y/o modificar de acuerdo a la situación particular de Misiones”, señalaron desde la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial.
Cabe destacar que este trabajo se realizó conjuntamente entre la mencionada cartera y el Ministerio de Ecología por parte del ejecutivo provincial, y contó con la participación de diversas instituciones privadas, educativas y no gubernamentales comprometidas con la temática. Además, en este ámbito continuarán con las reuniones participativas convocando a otros actores de cara al tratamiento del ante-proyecto de ley provincial de Ordenamiento Territorial; ya que la preservación de nuestra masa boscosa nativa es obligatoria para la Misiones actual; pero también una responsabilidad para con las generaciones futuras.

http://www.pagina12 .com.ar/diario/ sociedad/ 3-102568- 2008-04-17. html

|Jueves, 17 de Abril de 2008

EL DIA MUNDIAL DE LUCHA CAMPESINA

Protestas del campo profundo

Marchas, escraches, cortes de ruta y recitales serán algunas de las actividades que comunidades rurales y pueblos ancestrales realizarán hoy en siete provincias en conmemoración del Día Mundial de la Lucha Campesina. La acción, que se realiza en 56 países, es impulsada por organizaciones de base no representadas por las cuatro entidades tradicionales del agro argentino, familias que no siembran soja, sufren desalojos de sus tierras ancestrales y cuestionan el actual modelo de monocultivo. “Rechazamos el modelo agropecuario, no entendemos la tierra como un negocio, es nuestra cultura y nuestra vida. La reforma agraria integral y la soberanía alimentaria son nuestra propuestas”, explica el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que impulsa una legislación específica para el sector, actualmente cajoneada en despachos oficiales.

 

La sede porteña de Monsanto (frente a Plaza San Martín, a las 17) será lugar para el escrache de organizaciones urbanas, huerteros comunitarios y agrupaciones estudiantiles para denunciar el impacto social y ambiental que produce la soja transgénica y el químico Roundup, de la compañía estadounidense. “Monsanto es el mayor símbolo, aunque no el único, de un modelo de agronegocios que contamina suelos y ríos, expulsa campesinos y envenena poblaciones enteras”, afirmaron los convocantes, que como pruebas exhiben estudios, en base a datos oficiales, donde confirman el éxodo de 300 mil familias campesinas en los últimos diez años y pruebas judiciales con los efectos nocivos de los agrotóxicos.

La Secretaría de Ambiente confirma las denuncias del Movimiento Campesino Indígena. “La soja es una poderosa amenaza a las biodiversidad, produce deforestación, degradación de suelos, concentración de tierras, expulsión de población rural y reducción de la seguridad alimentaria”, resalta el informe “El avance de la frontera agropecuaria y sus consecuencias” . El MNCI, integrado por 15.000 familias campesinas, completa el estudio: sólo entre 2003 y 2008, la superficie sembrada con soja creció 32 por ciento, cuatro millones de hectáreas se sumaron al negocio de la soja.

Con el conflicto por las retenciones aún sin resolver, las organizaciones de base que conmemoran el Día de la Lucha Campesina destacan que están en las antípodas de Federación Agraria, Coninagro, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales. “Los empresarios que desarrollan el modelo sojero son los responsables del genocidio ambiental de 17 millones de hectáreas de bosques y suelos, el desalojo y el ataque a comunidades campesinas y pueblos originarios, la falta y encarecimiento de alimentos”, denuncian, pero también toman distancia del poder político: “En los últimos 30 años, todos los gobiernos promovieron los agronegocios y ningunearon a trabajadores rurales, campesinos e indígenas”.

 

Según un estudio de la Secretaría de Agricultura y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en Argentina subsisten 220 mil pequeños productores, el 79 por ciento (174 mil) abarca a los menos capitalizados, de pocas parcelas, que trabajan y viven de lo que siembran, la base de la pirámide del campo, sector lejano a las entidades tradicionales que sostienen los agronegocios.

Otras actividades se realizarán en Mendoza (departamento de Lavalle), Misiones (San Pedro), Salta (Cafayate), Jujuy (Tilcara), Córdoba y Santiago del Estero (en ambas capitales provinciales) . En todas las acciones se difundirá el proyecto de ley elaborado en centenares de talleres y encuentros, decenas de espacios de formación, reuniones en ranchos y chacras alejadas, donde se consensuó una propuesta específica del campo no sojero. Compuesta por 41 artículos, propone garantizar las permanencia de campesinos e indígenas en sus tierras ancestrales, detener los desalojos, impulsar la vuelta a la tierra de quienes fueron expulsados, asegurar la función social de las parcelas improductivas, proteger el medio ambiente y los bienes naturales, evitar la explotación laboral de los trabajadores rurales, diseñar políticas diferenciales para el sector, reconocer la identidad y la diversidad cultural campesina indígena.
En una detallada síntesis, se explica cómo podría aplicarse la ley, cuáles serían las autoridades de aplicación, quiénes los sujetos comprendidos por las normativas, metodologías de resolución de conflictos sujetas a derecho y hasta el presupuesto necesario. El proyecto de ley fue entregado al Gobierno (Ministerio del Interior y Secretaría de Ambiente), pero aún no le han dado curso legislativo ni convocado a los campesinos indígenas a ninguna mesa de diálogo.

La Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece: 

- En un plazo máximo de 1 año, a través de un proceso participativo, cada provincia deberá realizar el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos. Durante la realización del Ordenamiento Territorial, no se podrán autorizar desmontes. Una vez cumplido el año, las provincias que no lo hayan realizado no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques. 

-El Ordenamiento Territorial deberá zonificar los bosques de la siguiente manera:

Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben desmontarse y que deben mantenerse como bosque para siempre. Incluirá áreas cercanas a reservas, que conecten eco-regiones, que tengan valores biológicos sobresalientes, y/o que sean cercanas a cuencas. Se podrá realizar investigación científica, recolección y turismo. 

Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor alto de conservación y no deben desmontarse. Podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica. 

Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad. - Para analizar y zonificar a los bosques nativos en esas tres categorías se establecen 10 criterios: superficie mínima que necesitan las comunidades de especies animales y vegetales para sobrevivir, vinculación entre diferentes eco-regiones, conexión entre áreas protegidas, existencia de especies importantes, estado de conservación, potencial forestal, potencial agrícola, importancia en la conservación de cuencas, y el uso que le dan las comunidades indígenas y campesinas para mantener su supervivencia y su cultura. 

- Se prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques nativos. 

- Todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas tierras. 

- Antes de autorizar un desmonte, deberá realizarse un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública. Deberá garantizarse el acceso a la información de comunidades indígenas, campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes. 

- Se crea un Fondo para compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques nativos. Será abonado anualmente por hectárea, de acuerdo a la categorización de bosques nativos, generando la obligación en los titulares de realizar y mantener actualizado un Plan de Manejo y Conservación de los Bosques Nativos que deberá ser aprobado en cada caso por la provincia. 

- Quedan exceptuados la aplicación de la Ley los aprovechamientos realizados en superficies menores a 10 hectáreas que sean propiedad de comunidades indígenas o de pequeños productores.

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